La reciente propuesta de Friedrich Merz, el próximo canciller de Alemania, de implementar un ambicioso plan de gasto público de hasta 1 billón de euros durante la próxima década ha generado preocupaciones en varios gobiernos de la Unión Europea.
Entre las medidas, que se votarán el 18 de marzo, destaca un fondo de 500.000 millones de euros destinado a “infraestructuras y energía verde”. Esto ha venido aparejado a un cambio histórico en la legislación alemana para excluir las inversiones militares de las estrictas reglas de gasto del país.
Si bien la iniciativa ha sido recibida positivamente en algunos sectores de los dirigentes europeos, varios gobiernos europeos, especialmente los de los países mediterráneos, temen que pueda generar una ventaja competitiva para las empresas alemanas al subsidiar sectores estratégicos, como la producción de semiconductores y baterías.
El impacto potencial de estos subsidios sobre la economía de la UE es motivo de controversia, ya que podría acentuar la brecha económica entre Alemania y otros países miembros, cuyas economías funcionan a diferentes velocidades y magnitudes.
Según relata Politico, La Comisión Europea y diplomáticos de distintos estados han expresado su preocupación sobre las “posibles distorsiones que podrían surgir en el mercado único”. Además, algunos temen que Alemania, al destinar grandes sumas de dinero para reducir costos energéticos y atraer inversiones, pueda crear una “competencia desleal”. Aunque Berlín busca flexibilizar las normas fiscales de la UE, sus aliados también han resaltado “la necesidad de respetar las reglas del mercado único”.
