Este lunes, 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina, marcando el 49 aniversario del inicio de la dictadura cívico-militar que dejó un saldo de aproximadamente 30.000 personas desaparecidas, según organismos de derechos humanos.
La jornada coincide con un contexto de creciente represión bajo el gobierno de Javier Milei, especialmente durante las protestas de pensionistas, que resultaron en 25 heridos, incluido el fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece en estado grave. “La represión de la protesta está siendo brutal”, expresba Malena Becerra, activista de Argentixs en Movimiento, quien también destacó que el gobierno se prepara para reforzar los operativos represivos en futuras movilizaciones.
En medio de esta situación, la polémica sobre el negacionismo histórico también ha aumentado, especialmente con los recientes discursos de Milei, quien minimizó las dimensiones del terrorismo de Estado durante la dictadura, al afirmar que solo hubo 8.753 desaparecidos y describir las acciones militares como “excesos”.
Militantes políticos de movimientos sociales argentinos destacan que este 24M es especialmente importante, debido a las políticas recientes que promueven la negación de los crímenes de la dictadura, incluyendo despidos masivos en instituciones defensoras de la memoria histórica. Estas acciones representan, según historiadores críticos, “un intento de reescribir la historia”.
La vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, tiene vínculos familiares con militares involucrados en el golpe de Estado. En este marco, tanto militantes como historiadores y víctimas del régimen subrayan la importancia de preservar el “Nunca Más” y condenar el revisionismo, una tendencia que también ha sido observada en otros países con gobiernos de extrema derecha que tratan de justificar planes de exterminio contra la disidencia política bajo la excusa del “terrorismo”.
De hecho, los historiadores antifascistas subrayan que la negación de la memoria histórica busca deslegitimar los consensos fundamentales de la sociedad argentina, como lo demuestra el ataque sistemático a las leyes de memoria y a las organizaciones sociales.
