El Gobierno español ha presentado un nuevo proyecto de ley, la Ley de Protección de los Menores en Entornos Digitales, que marca un hito al obligar a los centros educativos a regular el uso de dispositivos electrónicos en las aulas. Esta medida responde a la creciente preocupación por el impacto de las pantallas en el desarrollo de los menores y busca promover un uso “seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable” de los dispositivos.
La ley, que será aprobada en el Consejo de Ministros, establece que las escuelas “deben incorporar esta regulación dentro de sus normas de convivencia y funcionamiento”, con la posibilidad de sancionar a aquellos que no cumplan las directrices. Los centros educativos deberán seguir las normativas autonómicas al respecto, lo que podría dar lugar a enfoques distintos según la región.
El proyecto de ley, que se encuentra en su segunda vuelta antes de ser remitido al Congreso de los Diputados, no dicta una postura unificada sobre si los dispositivos deben ser prohibidos, ya que esto dependerá de cada comunidad autónoma. Sin embargo, amplía las medidas a todos los niveles educativos, desde la Infantil hasta el Bachillerato, y a todos los centros, incluidos los privados.
A diferencia de otras iniciativas regionales, como la de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que prohíbe el uso de dispositivos en Infantil y Primaria, la ley estatal aboga por un enfoque más que regula también las actividades extraescolares y los momentos de descanso, como los comedores y patios.
Además, el proyecto de ley establece que las comunidades autónomas “deberán formar a los docentes en ciberseguridad, privacidad y ciudadanía digital”. Esta formación tiene como objetivo “mejorar las competencias digitales del profesorado”, que según Moncloa, “facilitará su labor en la educación tecnológica y garantizará un entorno más seguro para los estudiantes”.
También obliga a los fabricantes de dispositivos a implementar controles parentales por defecto y a regular el acceso a plataformas y redes sociales, elevando la edad mínima de acceso de 14 a 16 años, entre otras medidas de protección.
