Mientras en el Estado español Pedro Sánchez mantiene su postura de negar que sea posible aumentar el gasto militar sin reducir el gasto social, el debate se sitúa en otros parámetros en el estado vecino. Al igual que en Madrid, el Gobierno francés enfrenta una creciente presión para aumentar el gasto militar en respuesta a la “amenaza rusa”, lo que ha reabierto el debate sobre el peso de las prestaciones sociales y su posible reducción.
Aunque el primer ministro, François Bayrou, ha afirmado que “el refuerzo militar no afectará al modelo social”, figuras políticas y expertos sugieren que los recursos destinados a las fuerzas armadas podrían obtenerse, al menos parcialmente, recortando algunos aspectos de la seguridad social. El presidente Emmanuel Macron, por su parte, había planteado una posible asignación del 5% del PIB al gasto militar, antes de moderar esta cifra a un rango de entre el 3% y el 3,5% del PIB, lo que requeriría “una inversión adicional significativa”, en un contexto de finanzas públicas deterioradas.
En paralelo, algunos economistas y políticos, como el director del gabinete de la ex ministra de trabajo Muriel Pénicaud, Antoine Foucher, argumentan en Le Monde que “la creciente carga de las pensiones y el gasto social en general, que hoy representa cerca de un tercio del PIB, ha desbordado los recursos disponibles”.
Foucher sostiene que, frente a una dependencia cada vez menor del parapeto estadounidense, el Elíseo podría necesitar “revisar sus prioridades presupuestarias”, lo que podría implicar una “reconsideración de las reglas del Estado de bienestar”. En este contexto, figuras del gobierno como la ministra de la Salud, Catherine Vautrin, han garantizado que “el modelo social se mantendrá”, aunque, al mismo tiempo, se han sugerido “alternativas” como “fomentar el aumento del empleo y la productividad para financiar tanto la defensa como la protección social”, aunque no está claro que esto sea un plan realista en el actual momento económico que atraviesa el país galo.
Sin embargo, estas propuestas no están exentas de controversia. Los sindicatos, que están negociando activamente sobre las reformas del sistema de pensiones, rechazan la idea de modificar las reglas del sistema de jubilaciones.
Por su parte, economistas como Michaël Zemmour advierten que “las reformas pasadas no han logrado impulsar suficientemente la dinamización económica del país”, mientras que otros, como Nicolas Da Silva, afirman que la noción de una “economía de guerra” sigue siendo prematura, dado que las medidas anunciadas “no implican un cambio sustancial en la política económica ni en los impuestos”.
En este sentido, algunos críticos sostienen que las alarmas en torno al gasto militar podrían estar siendo utilizadas para justificar “decisiones difíciles” sin una explicación clara de los objetivos concretos, especialmente si implican recortes en derechos sociales o servicios públicos.
