La negativa del Gobierno español a adaptar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la inflación ha generado lo que se conoce como “progresividad en frío”, un fenómeno que incrementa de hecho la recaudación fiscal sin necesidad de una reforma explícita.
Desde 2021, este ajuste no realizado en el IRPF ha resultado en un aumento de la recaudación de casi 9.750 millones de euros, un impacto que se ha distribuido de manera desigual entre los diferentes tramos de renta. La no adaptación del impuesto a la inflación ha provocado una subida encubierta de los impuestos, que afecta principalmente a las rentas superiores al salario mínimo.
Este efecto recaudatorio, que se espera continúe en 2025 con una inflación estimada del 2,5%, compensará la merma que se producirá en las arcas públicas debido a la decisión de eximir de tributación el salario mínimo interprofesional (SMI).
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había planteado inicialmente que los perceptores del SMI empezaran a tributar este año, pero la presión de la vicepresidenta Yolanda Díaz llevó a rectificar esta medida, dejando exentos de tributación a los trabajadores con salarios mínimos en 2025. A pesar de ello, la falta de adaptación del IRPF a la inflación asegura que los ingresos fiscales continúen en aumento sin la necesidad de reformas legislativas.
Según indican algunos economistas, los hogares que se sitúan ligeramente por encima del SMI han soportado el 61,3% del golpe fiscal derivado de la inflación, un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a aquellos con menor poder adquisitivo. Estas rentas han experimentado un incremento de su carga tributaria, no solo por la falta de indexación del IRPF, sino también por el aumento de la recaudación del IVA debido a la subida de los precios. En conjunto, un hogar de renta “media” ha visto aumentar su factura fiscal en aproximadamente 1.100 euros en los últimos cuatro años, una tendencia que podría continuar en los próximos años.
