Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha asegurado que la compañía está buscando “mecanismos” para continuar sus operaciones en Venezuela tras la decisión de Estados Unidos de revocar los permisos para exportar crudo. “Tenemos un diálogo abierto y fluido con la Administración estadounidense”, declaró Imaz durante su participación en el foro Wake Up Spain, destacando que la empresa energética “analiza fórmulas” para mantener su actividad en el país latinoamericano.
La petrolera, que opera en Venezuela desde 1993, genera allí principalmente gas natural (85% de su producción), fundamental para el sistema eléctrico del occidente venezolano. Imaz enfatizó que “siempre han actuado dentro del marco de la legislación venezolana e internacional”. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado el apoyo del Gobierno español a la compañía, afirmando que “están al lado de Repsol en este proceso”.
Mientras tanto, el Partido Popular, que ha mostrado su oposición al Gobierno de Venezuela reiteradas veces, ha manifestado su deseo de que Repsol pueda seguir operando en Venezuela. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, señala que la empresa “tiene que cumplir la normativa vigente en cada país donde opera”.
La situación pone de relieve los desafíos y las contradicciones que enfrentan las empresas europeas para navegar en el complejo escenario de las sanciones internacionales contra Venezuela y pone en cuestión conceptos como la “autonomía estratégica”, ya que es Washington quien dicta con quién pueden comerciar las empresas europeas, y con quiénes no.
