El Gobierno español ha puesto en marcha la tramitación urgente de la reforma del decreto de 2021 que regula la creación y autorización de nuevas universidades. El objetivo es establecer criterios más estrictos en términos académicos y financieros para la creación de centros educativos.
En este contexto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha criticado a las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía por aprobar universidades privadas que, según afirma, “no cumplen con los estándares de calidad mínima exigidos”, lo que a su juicio “pone en peligro la estabilidad de las universidades públicas”.
El proceso de reforma se ha acelerado mediante un trámite de urgencia, lo que reducirá a la mitad los plazos para su aprobación. El texto será sometido a consulta pública este miércoles, con un periodo de siete días para que la comunidad educativa pueda presentar sus sugerencias. Entre las modificaciones más relevantes, Moncloa plantea que los informes de evaluación emitidos por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) y la ANECA sean vinculantes, es decir, que tengan carácter obligatorio para la autorización de nuevos centros.
Además, los promotores deberán demostrar una capacidad financiera suficiente desde el inicio de la actividad universitaria, lo que diferirá de la legislación actual, que permite a los centros disponer de hasta cinco años para cumplir con esta obligación.
Estas medidas llegan en medio de un panorama complicado para las universidades en el Estado español, el sector privado ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, con un incremento del 368 % en las matrículas desde 1999.
Actualmente, existen 50 universidades públicas y 41 privadas en el estado, y la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha señalado que la presencia de las universidades privadas es cada vez mayor, especialmente en másteres y doctorados. Ante este contexto, el Gobierno se ve forzado a establecer medidas de fiscalización más estrictas, con el objetivo de evitar la proliferación de centros que no cumplan con los requisitos de calidad establecidos.
Se espera que la nueva normativa entre en vigor entre mayo y junio de este año, y no requerirá convalidación por parte de las Cortes debido a que se trata de un decreto, no de una ley.
