En una entrevista con POLITICO, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que “la inmigración masiva supone un desafío prioritario para Europa”. En este sentido, reconoció que el vicepresidente estadounidense JD Vance, de la administración de Donald Trump, “tenía razón al señalar la urgencia de controlar los flujos migratorios”. Según Frederiksen, “la inmigración sin control afecta a las comunidades locales y debe ser gestionada con firmeza”.
Dinamarca ha implementado algunas de las políticas migratorias más estrictas del continente, incluyendo la disuasión de migrantes mediante campañas en sus países de origen, la confiscación de bienes a solicitantes de asilo para financiar su estancia y la externalización de solicitudes de refugio a terceros países como Ruanda. Todo ello, con el Partido Socialdemócrata en el gobierno.
Estas medidas han generado críticas de organismos como la ONU y organizaciones de derechos humanos, que han acusado al gobierno danés de discriminación. Sin embargo, Frederiksen defiende que su política busca “garantizar el equilibrio del estado de bienestar y responder a las preocupaciones de la ciudadanía”.
El enfoque danés ha influido en el debate europeo sobre inmigración. Según fuentes diplomáticas citadas por POLITICO, Dinamarca ha impulsado modificaciones en la gestión de deportaciones dentro de la Unión Europea, contribuyendo a la reciente Directiva de Retorno.
Mientras otros gobiernos europeos aún mantienen posturas aparentemente “más abiertas”, como el Estado español o la Alemania bajo Olaf Scholz, la posición danesa, homóloga a la extrema derecha, se ha consolidado dentro del bloque. “Controlar la inmigración es parte esencial del modelo socialdemócrata”, afirmó Frederiksen, quien sostiene que “la seguridad en las fronteras y la seguridad en las comunidades locales forman parte de la misma prioridad política”.
