Tamara, de 46 años, fue desahuciada este martes de una vivienda de protección oficial en Cádiz. Víctima de violencia de género y con un diagnóstico de cáncer, residía en el inmueble junto a sus dos hijas menores desde diciembre de 2023, cuando decidió ocupar la vivienda gestionada por PROCASA, la empresa municipal de vivienda.
“Me vi obligada a meterme de okupa en una VPO”, sostiene Tamara en declaraciones recogidas por El Salto, donde afirma que solicitó ayuda al consistorio sin recibir alternativas habitacionales. Según explica, su única fuente de ingresos es el Ingreso Mínimo Vital, insuficiente para costear un alquiler en el mercado privado.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha criticado el desalojo, denunciando que se ha realizado sin garantizar una alternativa de vivienda adecuada. La entidad subraya la contradicción entre el reconocimiento oficial de la vulnerabilidad de la familia y la decisión del Ayuntamiento de interponer una denuncia penal en lugar de optar por un desahucio administrativo.
Esto, según la organización, podría acarrear consecuencias penales para Tamara. Además, la APDHA señala que la ejecución del desahucio incumple el Real Decreto-ley 1/2025, que permite la suspensión de desalojos en casos de vulnerabilidad, una medida que solicitaron sin éxito y que recurrirán.
El Ayuntamiento de Cádiz, liderado por el alcalde del PP, Bruno García, ha defendido su actuación alegando que PROCASA “no desahucia desde 2023, lo que hace desde entonces es denunciar las ocupaciones ilegales”. Desde el consistorio afirman que deben “cumplir la ley” y han anunciado la oferta de un particular para alquilar una vivienda a Tamara, aunque no han dado detalles sobre las condiciones ni han contactado con la afectada.
