El 1 de abril, el jefe de la junta militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, rechazó la tregua ofrecida por la Alianza de la Hermandad, un grupo que agrupa a tres guerrillas étnicas. La alianza extendió la oferta para permitir las labores humanitarias tras el devastador terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país el 29 de marzo.
Declaraban una pausa humanitaria unilateral de un mes, comprometiéndose a no realizar operaciones ofensivas, excepto en defensa propia, para facilitar las tareas de rescate. Sin embargo, Min Aung Hlaing afirmó que el Ejército continuaría con sus “operaciones defensivas” al considerar que algunos grupos armados “se estaban organizando para atacar”. La respuesta de la junta llegó en un discurso oficial en la capital, Naipyidó, recogido por los medios controlados por el régimen.
El terremoto ha dejado más de 2.700 muertos y más de 4.500 heridos, afectando principalmente al centro-norte de Myanmar, una región ya gravemente afectada por el conflicto armado. La situación se ha visto complicada por la guerra civil, que persiste desde el golpe de Estado de 2021, cuando la junta militar derrocó al gobierno elegido de Aung San Suu Kyi.
La Alianza de la Hermandad, formada por el Ejército Arakán (AA), el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) y el Ejército para la Alianza Democrática de Birmania (MNDAA), ha enfrentado al Ejército birmano desde 2023, obteniendo victorias en varias batallas. A pesar de los intentos del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que controla algunas zonas y ha declarado una tregua de dos semanas, los ataques de las fuerzas militares continúan, dificultando aún más las labores de rescate.
Varios estados del mundo han hecho un llamado a la junta para que cese los bombardeos y permita la recuperación tras el desastre natural. La ONU, por su parte, ha instado a las autoridades birmanas a poner fin a la violencia interna, ya que la guerra civil y los bombardeos obstaculizan la entrega de ayuda y las tareas de recuperación. Kanni Wignaraja, directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destacó que “es crucial que se busque una solución política para facilitar la reconstrucción del país”.
