Según datos del Ayuntamiento de El Prat, unas 150 personas sin hogar duermen cada noche en las terminales del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, una cifra que se ha cuadruplicado en los últimos cinco años. Este fenómeno, cada vez más visible, se ha intensificado en los últimos años. Desde 2022 no existe un servicio social activo en la infraestructura, tras la expiración de un convenio firmado por la Generalitat, Aena y los consistorios de Barcelona y El Prat, cuya renovación aún no tiene fecha.
La situación se ha agravado a raíz de desalojos periódicos impulsados por Aena para limpiar su imagen de cara a eventos internacionales, algunos de ellos coincidiendo con grandes actos como el Mobile World Congress. “AENA se siente concernida por las personas que pernoctan en nuestras infraestructuras, pero los aeropuertos están pensados como lugar de paso”, declaró su presidente, Maurici Lucena.
La falta de atención estructural ha motivado que cientos de personas encuentren en el aeropuerto un refugio más seguro que la calle. “Primero dormí en la playa, pero me robaron todo. Aquí, al menos, no hay agresiones”, explica Mohamed en eldiario.es. Según la organización HATEnto, el 47% de las personas sin hogar en Barcelona sufrieron agresiones físicas en 2023.
A pesar de las condiciones precarias, quienes pernoctan en El Prat destacan la relativa seguridad, el acceso a baños y la posibilidad de pasar desapercibidos entre los turistas. Sin embargo, denuncian la actuación de algunos vigilantes de seguridad, que, según testimonios recogidos por eldiario.es, han llegado a “tirar pertenencias a las papeleras internas para que no puedan recuperarse”. Aena afirma “no tener constancia de estos hechos” y asegura que “cualquier bulto es retirado por razones de higiene y seguridad”.
Ante la creciente presión social y mediática, la Generalitat se ha visto forzada a anunciar un nuevo protocolo para abordar la situación, que prevé “una aportación anual de 516 millones de euros”. El acuerdo, aún no firmado, implicaría la coordinación entre los servicios sociales autonómicos, Aena y los ayuntamientos. Entidades como Arrels critican que hasta ahora se haya priorizado un enfoque securitario. “Estamos hablando de personas muy vulnerables que no reciben ningún recurso”, afirmó Eva Hobeich, responsable jurídica de la fundación.
