Desde el pasado viernes, el Camp de Tarragona cuenta con agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), es decir, los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, patrullando las calles. Los agentes se desplazan en grupos de tres en vehículos todoterreno, equipados con armas de distintos tipos propias de esta unidad policial. Se distribuirán por toda la región del Camp de Tarragona, con especial presencia en las localidades costeras durante períodos festivos, como Semana Santa o el verano.
Se trata de una prueba piloto de seis meses de duración que sigue los pasos de la implementada en Lleida el pasado febrero, y que se espera aplicar también en Girona en el futuro. El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, anunció la medida en el Parlament el pasado noviembre, describiéndola como una “segunda capa de patrullaje” territorial para reforzar la capacidad operativa de la policía ante la “complicación de la situación en las calles”.
De la disuasión al control social
Presentada como una herramienta para “mejorar la prevención y capacidad de reacción” de la policía y reforzar la “percepción de seguridad” de la ciudadanía, la iniciativa implica un aumento del control social. El proyecto se suma a una serie de estrategias municipales para reforzar la presencia y las funciones represivas de la policía. El Ayuntamiento de Tarragona, gobernado por el PSC, ya había incrementado la presencia policial en la ciudad, y varios municipios de la región trabajan en la facilitación de denuncias e identificaciones de la población.
Aunque el patrullaje se presenta como “un dispositivo disuasorio frente a la delincuencia”, se trata de un mecanismo de vigilancia permanente del espacio público que normaliza la presencia de agentes armados y legitima el aumento de actuaciones policiales en un contexto de progresivo empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
