La Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta para establecer una lista de “países de origen seguros” como parte de sus plan de deportación de personas migrantes. Entre los países incluidos en la lista figuran Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Túnez y Kosovo, este último sujeto a disputas de reconocimiento por parte de algunos miembros de la UE.
Según la Comisión, la inclusión en esta lista permitirá a los Estados miembros “acelerar los procedimientos de retorno de migrantes provenientes de estas naciones”, bajo la premisa de que son “países seguros para sus ciudadanos” y que cumplen con los criterios establecidos por la UE, a excepción de situaciones de “violencia indiscriminada en contextos de conflicto”.
La propuesta se enmarca dentro de las políticas de migración y asilo que la UE busca implementar a partir de junio de 2026. El objetivo es que las personas procedentes de estos países sean objeto de procedimientos acelerados o fronterizos en el proceso de asilo, reduciendo el tiempo y los recursos necesarios para evaluar solicitudes de personas que, según las estadísticas, “tienen pocas posibilidades de recibir protección internacional”. De este modo, la Comisión plantea que los Estados miembros puedan aplicar un procedimiento “más ágil y eficiente”, permitiendo “una gestión más rápida” de las solicitudes de asilo consideradas “probablemente infundadas”.
La propuesta ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que la designación de ciertos países como “seguros” puede violar los derechos de los migrantes. Según Mauricio Valiente, director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), esta medida puede dar lugar a la denegación automática de solicitudes de asilo, sin un análisis adecuado de las circunstancias individuales de cada caso.
Amnistía Internacional también ha expresado su preocupación, señalando que algunos países incluidos en la lista enfrentan serias violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y persecución a minorías y opositores políticos. Las organizaciones temen que estas políticas favorezcan un enfoque más restrictivo y pongan en riesgo la seguridad de ciertos grupos vulnerables.
