El pasado 9 de abril, un desahucio exprés ejecutado contra un grupo de jóvenes que habitaban una vivienda propiedad de una entidad bancaria en el barrio de Cerdanyola, en Mataró (Catalunya), dio lugar a un amplio operativo policial.
Según ha informado Horitzó Socialista, el despliegue incluye patrullas constantes de la Policía Local, Mossos d’Esquadra y unidades puntuales de la Policía Nacional española, en una operación impulsada por el gobierno local del Partit dels Socialistes de Catalunya y En Comú Podem. El alcalde de Mataró, David Bote, declaró que su compromiso es con “la seguridad y la convivencia”, y afirmó que “quien la hace, la paga”.
Durante los días posteriores al desahucio, se han registrado protestas vecinales, así como incendios de contenedores y daños a vehículos, en un clima de creciente malestar. El Sindicat d’Habitatge de Mataró ha denunciado que la operación policial ha convertido el barrio en “un semiestado de excepción”, especialmente para la juventud migrante.
Entre las prácticas señaladas se incluyen identificaciones arbitrarias, registros de carácter racial y detenciones desencadenadas por grabar actuacions policials o repartir panfletos con contenido político. Desde el Sindicat, recuerdan que Cerdanyola es el segundo barrio más poblado de Mataró, con un 22,7% de población nacida en el extranjero, según datos municipales.
En una asamblea abierta convocada por el Sindicat el 14 de abril que contó con más de 300 asistentes, se denunció el aumento de la represión policial y la cronificación de los problemas sociales en el barrio, en particular la emergencia habitacional.
El Sindicat afirmó que la presencia policial desplegada durante el acto “no soluciona nada”; al contrario, subrayan que “empeora los conflictos”. Por ello, el Sindicat exigió la retirada inmediata del dispositivo. También señaló al Ayuntamiento por no renovar contratos de alquiler protegido, lo que ha forzado a nuevas familias a la movilización. En su comunicado, el sindicato responsabiliza a los gobiernos locales de “poner la alfombra roja a la especulación inmobiliaria” y exige frenar los desahucios, poner fin a las redadas racistas y mejorar las condiciones de vida de la población local.
