El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha notificado esta semana a la Universidad de Harvard que podría perder su autorización para matricular a estudiantes extranjeros si no accede a entregar datos sobre determinados titulares de visados. La secretaria del DHS, Kristi Noem, envió una carta a la universidad solicitando información sobre lo que calificó como “actividades ilegales y violentas” de alumnos internacionales, con plazo hasta el 30 de abril. “Si Harvard no puede verificar que cumple totalmente con sus obligaciones de notificación, perderá el privilegio de inscribir a estudiantes extranjeros”, afirmó Noem en un comunicado oficial recogido por Reuters.
La medida se enmarca en una ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra varias universidades estadounidenses, a las que acusa de fomentar ideologías “pro-Hamas” y “antiestadounidenses”, tras las protestas propalestinas en campus de todo el país. Harvard rechazó esta semana las condiciones impuestas por la administración, alegando que “no cederá su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales”, aunque confirmó que “cumplirá con la legislación vigente”. Como represalia, el Ejecutivo ha congelado 2.300 millones de dólares en contratos y subvenciones federales para la institución, y ha cancelado otros dos programas de financiación valorados en 2,7 millones.
Además del veto migratorio, la Casa Blanca evalúa retirar el estatus fiscal de entidad sin ánimo de lucro a Harvard, una medida que, según la universidad, “no tiene base legal y pondría en riesgo becas y programas de investigación médica”. Organizaciones de derechos civiles han denunciado que estas acciones suponen una amenaza a la libertad de expresión y a la autonomía académica. Según Reuters, otras universidades como Columbia, Princeton, Brown, Cornell y Northwestern también han sido objeto de congelaciones de fondos por motivos similares.
