El 13 de abril, Ecuador celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), habría logrado el 55,87% de los votos frente al 44,13% de Luisa González, de Revolución Ciudadana, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 92,48% de actas escrutadas.
A pesar de que el voto es obligatorio bajo amenaza de sufrir la limitación de algunos derechos civiles, la participación fue del 83,76%, con 13,7 millones de votantes habilitados. Diana Atamaint, presidenta del CNE, proclamó a Noboa ganador, destacando una “tendencia irreversible”. La jornada transcurrió bajo un estado de excepción en siete provincias y Quito, con 59.000 efectivos militares y 56.000 policías desplegados.
Luisa González rechazó los resultados, exigiendo un recuento y afirmando que “Ecuador está viviendo una dictadura y el fraude más grotesco de su historia”. El 12 de abril, González denunció en redes sociales que Noboa estaría “sembrando actas electorales” para justificar un fraude.
El CNE prohibió el uso de teléfonos móviles durante la votación, generando controversia y 71 citaciones por intentar fotografiar papeletas. La Organización de Estados Americanos (OEA), liderada por Heraldo Muñoz, destacó la “normalidad” y “transparencia” del proceso, descartando irregularidades generalizadas.
Internacionalmente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionaron los resultados. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recordó que su país seguirá sin tener relaciones con Ecuador mientras Noboa sea presidente, debido al incidente de la invasión a la embajada mexicana en Ecuador.
La Cancillería de Argentina y el expresidente colombiano Iván Duque felicitaron a Noboa, con Duque afirmando que “el socialismo del siglo XXI y el correísmo han sido derrotados”. Simplatizantes del derechista Noboa celebraron en Quito y Guayaquil, mientras el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de Revolución Ciudadana, pidió “respetar los resultados”. González, respaldada por Rafael Correa, planea acciones legales, mientras la Unión Europea respaldó la legitimidad del proceso.
