En los últimos años, varios países europeos han intensificado las restricciones a las conmemoraciones del 9 de mayo, Día de la Victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Desde 2023, Letonia tiene aprobada una ley que prohíbe expresamente eventos festivos, reuniones públicas o marchas en espacios públicos en esa fecha, salvo aquellos que no contravengan “los intereses del Estado y la seguridad pública” o “los valores democráticos del país”. La presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Asuntos Públicos del parlamento letón, Ieva Brante, justificó la medida al señalar que “el 9 de mayo es un día en que cierta parte de la sociedad suele glorificar el totalitarismo y los regímenes de ocupación”.
En Estonia, la policía prohibe la celebración de concentraciones públicas en Tallin con motivo del 9 de mayo, citando posibles “provocaciones” y “amenazas potenciales”. Las autoridades han argumentado que símbolos como la cinta de San Jorge o las letras ‘Z’ y ‘V’, utilizados en años anteriores, ahora son asociados con la justificación de la guerra en Ucrania. Aunque honrar la memoria de los soldados soviéticos caídos en la Segunda Guerra Mundial no está prohibido formalmente, las autoridades han recomendado “ofrendas alternativas”, como “encender velas” o “llevar flores al cementerio”.
En Berlín, la policía volverá a imponer restricciones similares, prohibiendo la exhibición de determinadas banderas, así como cintas de San Jorge, uniformes o partes de uniformes, y la interpretación de marchas militares en las inmediaciones de los monumentos soviéticos de Treptow, Tiergarten y Schönholzer Heide. Estas medidas buscan garantizar una “conmemoración digna de los soldados caídos del entonces Ejército soviético”.
Además, este año será particularmente delicado, ya que 2025 marca el 80º aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, un hito central en la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial y el antifascismo internacional. Pero no solo eso: por un lado, la conmemoración coincide con un momento de máxima tensión geopolítica, ya que la guerra en Ucrania entra en una fase crítica tras más de tres años de enfrentamientos y recientes negociaciones para un incierto final pactado, previsiblemente desfavorable para Kiev. Por otro lado, la Unión Europea se encuentra al inicio de un proceso de rearme que podría ir acompañado de mayores cotas de represión y disciplinamiento social.
En este contexto, diversas organizaciones han denunciado que las libertades civiles en Europa, particularmente el derecho de manifestación, se han visto significativamente restringidas. A las prohibiciones del 9 de mayo se suman las limitaciones impuestas recientemente a las protestas en apoyo al pueblo palestino, que han sido prohibidas o disueltas en ciudades como París, Berlín y Viena, generando preocupación entre organizaciones políticas, movimientos sociales, defensores de derechos humanos y juristas sobre el retroceso de libertades políticas en el espacio público europeo.
