Durante 2024, los juzgados del Estado español concedieron 33.247 órdenes de protección por violencia de género, lo que supone un descenso del 6,5 % respecto a 2023, cuando se tramitaron 2.314 más. Esta caída se ha producido en todas las comunidades autónomas, según los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El total de denuncias presentadas ascendió a 199.094, pero solo el 16,69 % terminó con la concesión de una orden de protección. En 2023, ese porcentaje fue del 17,84 %.
La cifra de solicitudes también ha disminuido, con 49.268 peticiones presentadas, un 3 % menos que en el ejercicio anterior. De ellas, se aceptaron el 67,48 %, frente al 69,9 % del año anterior. En autonomías como Madrid y Catalunya, el porcentaje de concesión no alcanzó el 50 %.
La abogada Altamira Gonzalo considera que estas cifras son alarmantes porque “la orden de protección es la garantía para la mujer agredida de que no la van a volver a maltratar porque el Estado la va a proteger”. En la misma línea, Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, afirma que “cada vez menos mujeres están protegidas” y alerta de que “si no se solicitan, no se conceden”.
El informe del CGPJ revela también importantes disparidades territoriales. Murcia (83,6 %), Balears (80,28 %), Aragón (79,9 %), Comunitat Valenciana (78,3 %) y Nafarroa (78 %) registran los porcentajes más altos de concesión. En el otro extremo se sitúan Madrid (46,26 %) y Catalunya (49,6 %). Según Gonzalo, “el negacionismo va haciendo una labor de disuasión entre las mujeres y de meter dudas entre quienes tienen que ayudarlas”.
