Harvard University presentó el lunes una demanda federal contra la administración de Donald Trump por la suspensión de miles de millones de dólares en fondos federales. La institución alega que la medida “vulnera su independencia académica” y “viola la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU”, al intentar “imponer controles ideológicos sobre sus programas educativos”.
“Las consecuencias de este exceso del Gobierno serán severas y duraderas”, afirmó el presidente interino de Harvard, Alan Garber, en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, en el que defendió “la integridad de los programas de investigación afectados”, incluyendo estudios sobre el cáncer infantil y enfermedades infecciosas.
El conflicto comenzó a raíz de la creación de un grupo de trabajo federal contra el “antisemitismo” que, según informó The Wall Street Journal, ha iniciado investigaciones y congelado fondos en varias universidades, entre ellas Columbia y Harvard. En el caso de Harvard, el Gobierno condicionó la continuidad de su relación financiera a la aceptación de una supervisión directa sobre admisiones, contrataciones y orientación ideológica del personal y alumnado.
La universidad rechazó estos requerimientos, que recibió formalmente en una carta del 11 de abril, calificándolos como una “campaña de presión para someter su gobernanza a los intereses del Ejecutivo”, según recoge la demanda.
El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, justificó la decisión afirmando que “los fondos públicos son un privilegio” y que Harvard “no cumple las condiciones básicas” para acceder a ellos. La universidad sostiene, sin embargo, que “el Gobierno ha eludido los procedimientos establecidos por la Ley de Derechos Civiles” y que “no existe una relación racional entre las preocupaciones por antisemitismo y los proyectos científicos cuyos recursos han sido suspendidos”.
En la demanda, Harvard reconoce que la situación en Gaza elevó las tensiones en el campus y que ha tomado “medidas disciplinarias y de reforma interna”, aunque denuncia que se está utilizando la lucha contra el “antisemitismo” como excusa para intervenir políticamente en la educación superior.
