A partir de 2025, el Gobierno español ha introducido cambios en la fiscalidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que afectan a los trabajadores con sueldos cercanos a este umbral. El nuevo sistema fiscal crea una deducción directa que comienza en 340 euros para quienes ganan el SMI (16.576 euros brutos al año). No obstante, esta deducción disminuye por cada euro adicional que se gane, lo que provoca que entre 16.576 y 17.256 euros de salario bruto, los impuestos sobre el salario se incrementen casi al 100%, lo que reduce considerablemente el aumento real del salario.
Esto significa que los trabajadores que ganan entre 16.575 y 17.256 euros no verán un aumento significativo en su salario neto tras una subida salarial. Según economistas citados por Libre Mercado, aunque el salario bruto aumente, el salario neto (lo que se recibe después de impuestos y cotizaciones) puede incluso disminuir.
Por ejemplo, si el salario bruto sube de 16.576 a 17.256 euros, el salario neto podría bajar de 15.502 a 15.466 euros, a pesar de que el coste laboral para la empresa aumenta en 898 euros. Este efecto, conocido como “cuña fiscal”, significa que el trabajador no se beneficia completamente de la subida salarial, y en algunos casos, incluso puede perder dinero.
Datos del Instituto Juan de Mariana indican que se trata de una tendencia general: la presión fiscal en el Estado español ha aumentado significativamente desde 2019, superando el 54% del coste laboral total de un trabajador medio. Esto ha aumentado la recaudación del IRPF, pero no ha aliviado la carga fiscal para los trabajadores con sueldos más bajos. La reforma fiscal de 2025 ha sido criticada por reducir el beneficio de las subidas salariales y generar un efecto “confiscatorio” en los salarios más bajos.
Estas medidas coincide temporalmente con los recientes planes del Gobierno español de aumentar el gasto en militar. Con un presupuesto más elevado destinado al rearme, la reforma fiscal podría estar dirigida, en parte, a financiar el aumento en gasto militar.
Sin embargo, los críticos advierten que la presión fiscal sobre los salarios más bajos podría generar un gran desequilibrio entre el crecimiento del gasto público y el bienestar económico de los trabajadores; especialmente de aquellos que perciben los salarios más bajos.
