El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobaba este 22 de abril un plan que incrementa el gasto militar y de “seguridad” al 2% del PIB, alcanzando 33.123 millones de euros, sin someterlo a la aprobación del Congreso de los Diputados. Este aumento, que incluye 10.471 millones adicionales, se financia reorientando partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados desde 2024, gracias al artículo 9 de la Ley 31/2022.
Esta cláusula permite al Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, modificar créditos presupuestarios sin pasar por el Parlamento, según informa El País. Moncloa justifica la medida por “la necesidad de cumplir compromisos con la OTAN y la UE”, pero ni siquiera ha presentado nuevos presupuestos desde 2023, incumpliendo el artículo 134.3 de la Constitución Española, que obliga a presentar las cuentas al menos tres meses antes del fin del año anterior.
La decisión unilateral, sumado a la ausencia de Presupuestos Generales para 2025 y a la prórroga de las cuentas de 2023, ha generado críticas entre partidos de la oposición y otras formaciones políticas. Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos en el Congreso, declaró: “Destinar un 2 o un 3% del PIB durante los próximos cinco o diez años es una decisión que tiene un impacto profundo y duradero, y no puede ser tratada como un asunto menor”. Añadió que el Gobierno podría estar evitando el debate parlamentario para realizar “aumentos en el gasto militar y recortes en otras partidas sociales fundamentales sin que la ciudadanía tuviera plena conciencia de ello”.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha calificado la maniobra de Sánchez como “cacicada antidemocrática y sin cobertura legal”, denunciando que el presidente del Gobierno ha aprobado un gasto milmillonario en Defensa a espaldas del Congreso y sin el respaldo de sus propios ministros. Por ello, Feijóo exige explicaciones a Yolanda Díaz y “no descarta acciones legales”. Cuca Gamarra, número dos del PP, afirmó que el plan “mezcla partidas” y “trata de incluir como gasto en defensa cosas que no lo son”, según recoge El Independiente. El Ejecutivo, sin embargo, se excusa diciendo que “la reordenación de partidas, ahorros económicos y fondos europeos permiten financiar el plan sin necesidad de nuevas cuentas”, según fuentes de Moncloa citadas por El País.
La decisión de no presentar Presupuestos Generales desde 2023 y aprobar un aumento vertiginoso del presupuesto militar sin control parlamentario marca un precedente en la democracia española. Pedro Sánchez, en su comparecencia del 22 de abril, afirmó: “La lectura sobre la Constitución y su aplicación puede tener algunos matices”, evitando comprometerse a presentar las cuentas de 2026 antes de octubre, según cita El Español.
Esta estrategia ha permitido a Sánchez esquivar puntualmente los apoyos parlamentarios, especialmente de Podemos, ERC y EH Bildu, que se verían comprometidos si tuvieran que votar estos presupuestos siendo decisivos. Sin embargo, para 2026, la continuidad de este modelo dependerá de la capacidad de reasignar partidas o acceder a nuevos fondos europeos, ya que el Fondo de Contingencia y los créditos extraordinarios tienen límites, como recuerda La Razón. Mientras, el debate sobre la transparencia y el control democrático de las decisiones presupuestarias permanece abierto.
