Decenas de personas migrantes acogidas en el Centro de Acogida Integral (CAI) de Santa Cruz de Tenerife, gestionado por Cruz Roja en las instalaciones de la antigua cárcel de la ciudad, han denunciado públicamente este jueves varias y graves vulneraciones de derechos, de acuerdo con reportes de eldiario.es y la Cadena SER.
En una protesta organizada frente al centro, han leído un manifiesto en el que relatan situaciones de desatención y precariedad: “¿Te imaginas que siendo 150 personas con situaciones de alta gravedad, solo tenemos una psicóloga, una abogada y dos trabajadoras sociales para atendernos?”, plantearon. También afirman que no reciben clases de español de forma regular, lo que —según señalan— limita su capacidad para comunicarse, integrarse y buscar trabajo.
Entre las denuncias expuestas, las familias indican que la comida que se les proporciona “a veces está congelada, a veces podrida, a veces con residuos”, y que no pueden guardar alimentos para sus hijos por la noche. “Nuestras hijas y nosotras nos vamos a menudo a la cama con hambre”, afirman ante los medios.
Según los testimonios recogidos por eldiario.es, tampoco se les facilita ropa para los menores y no se les permite recibirla de personas externas. Las críticas también apuntan al trato recibido: “Nos amenazan, pisotean nuestros derechos y nos niegan ayuda e información”. Varios residentes señalan la existencia de actitudes racistas entre el personal, e incluso situaciones de separación familiar dentro del mismo centro. “Aprovechan que somos extranjeras, que no sabemos su lengua ni su ley”, declaran.
Pocas horas antes de la protesta, la presidenta de Cruz Roja en Canarias, Mayte Pociello, aseguró a Agencia Efe que la convocatoria era “malintencionada” y defendió que “las instalaciones son fantásticas” y que los desacuerdos surgen porque “ellos tienen sus costumbres y se quejan de las comidas, de que comen mucho pollo”.
Sin embargo, el conflicto escaló el miércoles cuando la policía accedió al centro para retirar a una menor declarada en “desamparo”, lo que desencadenó un motín según El Día y Cadena SER. El edificio fue acordonado por fuerzas policiales, incluidos efectivos con unidades caninas, mientras decenas de personas permanecieron fuera durante horas sin comida ni acceso a sus familiares.
“Sabemos que la Cruz Roja debería garantizar nuestros derechos, pero realmente son quienes los están violando”, afirmaron los residentes, quienes exigen la dimisión del coordinador del centro y del personal “que nos trata de forma racista o deshumanizante”.
