El Gobierno español ha detallado esta semana el desglose del mayor plan de gasto militar de la historia del Estado español, valorado en 10.471 millones de euros, con el que prevé alcanzar el 2% del PIB en gasto militar este mismo año.
De esa cantidad, 1.962,98 millones se destinan exclusivamente a lo que define como “instrumentos de defensa y disuasión”, entre los que se incluyen obuses autopropulsados, carros de combate, sistemas de artillería, misiles, vehículos blindados y más de 560 millones en munición y explosivos, en cumplimiento con los requisitos de la OTAN. El documento ha sido publicado en la web oficial de La Moncloa.
El plan contempla seis grandes partidas. La más cuantiosa (35%) se orienta directamente a subir la paga a los militares. La segunda partida más cuantiosa, el 19%, corresponde a armamento ofensivo, incluyendo 300 millones para sustituir el obús M-109 A5, 200 millones para reemplazar el transporte oruga acorazado, 100 millones para modernizar buques de asalto y otros 216 millones destinados al “Sistema Aéreo de Combate Futuro”.
También se incluye la compra de sistemas antimisiles por 70 millones y vehículos de reconocimiento para Ceuta y Melilla por 72 millones. Estas cifras fueron publicadas en los documentos del plan industrial y tecnológico para la seguridad y defensa, vinculados al Consejo de Ministros del 23 de abril.
Para financiar el plan, Moncloa ha echado mano de nueve fuentes presupuestarias distintas, ya que sigue sin querer presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023 por cuestiones de aritmética parlamentaria.
Algunos socios de Gobierno o de investidura como Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC y BNG podrían enfrentar dificultades internas para aprobar estos presupuestos, por lo que es muy probable que Pedro Sánchez haya preferido eludir la aprobación parlamentaria para que sus socios “no se manchen las manos” y evitar así una eventual desestabilización de la legislatura.
Por tanto, ha el Ejecutivo ha retirado 2.819 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), originalmente creado para sostener las finanzas de las comunidades autónomas. A esto se suman fondos del Plan de Recuperación (1.357 millones), el Fondo de Contingencia para salarios militares (1.395 millones) y créditos ejecutados en ejercicios anteriores.
El presidente aseguró que “no se tocará ni un solo céntimo de gasto social”, aunque una parte relevante del presupuesto proviene de instrumentos concebidos para otras finalidades que podrían derivar en gasto social. Según recoge RTVE, el Ejecutivo defiende que la inversión “generará más de 96.000 empleos y un impacto económico positivo”.
