La huelga indefinida de recogida de basuras en Madrid ha finalizado después de que los trabajadores y trabajadoras aprobaran en asamblea el acuerdo alcanzado entre el comité de huelga y las empresas concesionarias (FCC, Valoriza, PreZero, Acciona, OHLA y Urbaser), bajo la presión del Ayuntamiento de Madrid.
Según informan El País y El Salto Diario, 819 de los 1.076 votos emitidos respaldaron la propuesta, frente a 247 en contra. La convocatoria de la huelga, iniciada el 21 de abril, surgió como protesta ante el bloqueo en la negociación de un nuevo convenio colectivo, caducado desde hace cuatro meses.
El acuerdo contempla un incremento salarial del 1,5% en 2025 y 2026, del 2% en 2027, del 3% en 2028 y del 5% en 2029, además de una subida de tres euros diarios para el turno de noche, cifras que quedan por debajo del IPC actual (2,3% en abril).
Según declaraciones de representantes sindicales recogidas por El País, “se ha conseguido que no haya congelación salarial en ningún año”, aunque varios trabajadores denunciaron durante la asamblea que el pacto supone una pérdida real de poder adquisitivo.
Asimismo, se han pactado mejoras sociales parciales como ascensos por antigüedad en talleres y aumentos de jornada para contratos parciales, aunque sin cambios sustanciales en la organización de turnos nocturnos, uno de los puntos más reclamados.
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez Almeida, presionó activamente para el fin de la huelga. Como recoge El País, el alcalde anunció una sanción de 1,6 millones de euros a las concesionarias por presuntos incumplimientos de los servicios mínimos y advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, “procedería a limpiar las calles mediante con esquiroles de “contratos de emergencia” o “medios propios”.
El comité de huelga reconoció durante la asamblea que la amenaza municipal de retirar las basuras de la vía pública les dejaba sin capacidad de presión. Sin embargo, la lucha y la votación han marcado un hito significativo en un sector donde tradicionalmente los acuerdos se han impuesto en concertación directa entre la patronal y las burocracias sindicales, sin preguntar a la plantilla.