Huelga en toda la educación pública madrileña contra la infrafinanciación y la precariedad

Educadoras infantiles, profesorado de todas las etapas y universidades públicas protestan este 28 y 29 de abril en Madrid para denunciar recortes, sobrecarga laboral y la dependencia creciente del capital privado, con el respaldo de colectivos como PLEI, Menos Lectivas y UCM por la Pública.

Protesta por la educación pública en la Puerta del Sol de Madrid, 9 de mayo de 2024.
Foto: @IzquierdaRevol (X)

La educación pública madrileña vive este lunes 28 de abril una huelga general que abarca desde escuelas infantiles hasta universidades, convocada para denunciar la “asfixia financiera” y la precarización laboral. Según declara en El Salto Diario Rosa Marín, de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), las educadoras municipales cobran salarios mínimos y soportan ratios “inmanejables”, en aulas de hasta 40 niños y niñas.

A su vez, los colectivos Menos Lectivas y la Plataforma UCM por la Pública apuntan a la escasa financiación como causa principal de la degradación de la calidad educativa. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid invierte 6.039 euros anuales por alumno, frente a los 11.880 de la Comunidad Autónoma Vasca y los 9.446 de Nafarroa, situándose la capital a la cola del Estado.

En la enseñanza no universitaria, las demandas principales son la reducción de las horas lectivas —de 25 a 23 en Primaria y de 20 a 18 en Secundaria— y una bajada de ratios, demandas que no se recogen en el reciente acuerdo firmado entre la Consejería de Educación y los sindicatos UGT, CCOO, ANPE y CSIF.

Según un referéndum promovido por Menos Lectivas entre 10.335 docentes, el 92,7% del profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Educación Especial se ha mostrado contrario al acuerdo. El colectivo calcula que con las reducciones de jornada propuestas se podrían contratar hasta 4.000 nuevos docentes el próximo curso. También reclaman la mejora urgente de infraestructuras y una dotación adecuada de personal especializado para atender la diversidad.

En el ámbito universitario, el malestar se ha extendido a las seis universidades públicas madrileñas ante el Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, que según denuncian desde la Plataforma UCM por la Pública, establece que la Comunidad de Madrid solo financiará el 70% de los costes universitarios, favoreciendo “una mayor dependencia económica estructural del capital privado”.

A esto se suma la “asfixia económica” provocada por años de recortes presupuestarios. Como señalaron los rectores en una carta enviada a Isabel Díaz Ayuso en noviembre de 2024, “con las actuales mermadas subvenciones nominativas de la Comunidad de Madrid apenas se puede pagar ya el 80% de las nóminas del personal”. Esta situación ha llevado a que decanos de la UCM y la UAM, así como colectivos de todas las universidades, secunden la jornada de lucha. Los decanos, eso sí, lo han hecho con palabras comedidas.