La Policía Nacional española ha detenido en Canarias a ocho personas, entre ellas tres miembros del cuerpo, incluido el inspector Francisco Moar, que fue el encargado inicialmente de la investigación del caso Mediador, centrado en una presunta trama de corrupción política que ha salpicado al PSOE.
Según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, Moar, ya jubilado, fue apartado del caso debido a una controversia relacionada con el robo de teléfonos móviles cruciales para la investigación, un incidente que implicó también al entonces comisario jefe de la Policía en Santa Cruz de Tenerife, Luis Felipe San Martín. Esta operación, que sigue abierta, está siendo desarrollada por Asuntos Internos bajo la dirección de un juzgado de Arona (Tenerife), que ha declarado secretas las actuaciones.
Los detenidos enfrentan cargos por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y falsedad documental. Entre ellos, se encuentran dos policías jubilados y uno en activo.
La investigación también ha revelado vínculos con un caso previo, ya que Moar había denunciado en su momento el robo de los teléfonos que contenían evidencia clave de la trama de corrupción en la que se vio involucrado el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como ‘Tito Berni’.
Antecedentes del caso Mediador
El llamado caso Mediador —también conocido como caso Tito Berni— se hizo público en febrero de 2023 tras la detención de una veintena de personas, entre ellas el exdiputado del PSOE por Las Palmas, Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
La investigación judicial sostiene que el exparlamentario del PSOE, junto al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, habrían tejido una red para favorecer a empresas a cambio de sobornos.
Según el sumario, estos pagos incluían regalos, dinero en efectivo y servicios de prostitución, a cambio de contratos, subvenciones o ventajas administrativas en Canarias. El caso está siendo instruido en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Con la nueva operación, la relación entre tramas de corrupción institucional y redes delictivas vinculadas al narcotráfico vuelve a estar bajo foco judicial y mediático.
