Según informan fuentes universitarias de la Comunidad de Madrid a DIARIO SOCIALISTA, varios equipos rectorales de todo el Estado español están debatiendo internamente la posibilidad de derogar la cláusula estatutaria que prohíbe la investigación con fines militares, incorporada por numerosas universidades en 2003.
La discusión se ha abierto tras la recepción de nuevos planes de financiación para investigación que, como explican estas fuentes, “instigan a redirigir la investigación universitaria en gran medida hacia la investigación con fines militares”. Además, la cuestión se plantea en un contexto de infrafinanciación pública de las universidades, especialmente grave en la Comunidad de Madrid, que desembocó en la huelga educativa del 28 y 29 de abril.
“A las universidades públicas madrileñas también ha comenzado a llegar la planificación de financiación para los próximos años”, advierten las mismas fuentes, asegurando que “adaptarse a las peticiones de Bruselas sería una manera de paliar estas carencias”, puesto que los proyectos de investigación de la Unión Europea dejan en las arcas universitarias unas cuantías considerablemente mayores que los proyectos estatales o autonómicos.
Las fuentes mencionadas han podido saber de primera mano que investigadores que participan en grupos de investigación de la UE prevén que la Comisión Europea “presionará en ese sentido”, al vincular parte de su financiación al desarrollo de tecnologías de “doble uso” o directamente orientadas al refuerzo de capacidades militares de los Estados miembros.
En 2003, once universidades del Estado español incluyeron en sus estatutos una cláusula de exclusión explícita de la investigación militar, en el marco de una campaña impulsada por la Fundació per la Pau. El listado de universidades que adoptaron la cláusula en aquel momento es el siguiente: Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la Universidad de Compostela, la Universidad de Granada, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Girona y la Universidad de Lleida.
Ángel Gabilondo, entonces rector de la UAM, declaró en ese momento: “Poco hacemos si sólo son las universidades las que intervienen en el proceso, también deben ser los universitarios”. Hoy, más de veinte años después, algunas de esas mismas universidades se plantean revertir ese compromiso para poder optar a programas europeos con mayores dotaciones presupuestarias.
Investigadores por la paz
En 2018, más de 700 investigadoras e investigadores de 19 países de la UE impulsaron públicamente una iniciativa titulada Investigadores por la paz, en la que alertaban sobre las consecuencias del programa de investigación militar europeo. “La creación de un programa de investigación militar por parte de la UE nos lleva hacia una militarización acelerada de la UE sin precedentes”, afirmaba Stuart Parkinson, de Scientists for Global Responsibility.
Jordi Calvo, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, declaró entonces: “Europa tiene que tomar decisiones sobre el tipo de investigación que quiere financiar. Cada euro sólo puede invertirse una vez”. Los impulsores denunciaron que el Fondo Europeo de Defensa, con una dotación prevista de 13.000 millones de euros, contribuiría al desarrollo de tecnologías armamentísticas, incluidos sistemas autónomos, sin debate público ni garantías éticas, lo que podría “alimentar conflictos” y “desviar recursos económicos de otras áreas de investigación”.
