El delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, convocó este lunes a los medios para mostrar el castigo público aplicado a un grupo de seis grafiteros sorprendidos in fraganti realizando pintadas en la plaza de Juan Muñoz, junto a Cuatro Caminos.
Los jóvenes, equipados con monos azules, mascarillas y gafas de protección, comenzaron a pintar de gris una pared de 85 metros de largo para cubrir grafitis, trabajo que deberán repetir en otros puntos de la ciudad. Según el Ayuntamiento, la multa por estas acciones oscila entre 300 y 3.000 euros, dependiendo del tamaño del dibujo, y puede conmutarse por horas de trabajo no remunerado en la limpieza de grafitis.
Uno de los sancionados explica ante El País que pinta grafitis para “desconectar” y que considera que pintar en la calle es “como poner tu obra directamente en una galería de arte”. Cuando fue detenido en San Blas, aceptó conmutar la multa de 3.000 euros por 60 horas de trabajo tapando grafitis, lo que, según él, “se entiende que es por obligación”.
Uno de los jóvenes presentes protesta por la exposición pública y criticó la falta de espacios legales para pintar: “Los grafiteros queremos tener derecho a expresar nuestro arte”, declaraba ante El País.
Borja Carabante defiende que la medida busca “corregir conductas incívicas” y diferencia entre “arte urbano”, que se realiza “con permiso del Ayuntamiento”, y grafiti, que considera “vandalismo”. El delegado reconoce que “sería más beneficioso para las arcas que los sancionados pagaran la multa”, pero afirma que “el trabajo comunitario es más eficaz para evitar reincidencias”.
La creación de una brigada policial específica para perseguir grafiteros fue una promesa electoral del PP que se cumplió a principios de 2024, con 39 agentes dedicados a esta tarea. Entre enero y septiembre de 2024 se tramitaron 361 sanciones por pintadas en la vía pública. Desde finales de 2024, la única alternativa a pagar la multa es realizar trabajos de limpieza en las paredes afectadas.
Más allá de Madrid
En Barcelona, el Ayuntamiento gobernado por el PSC también ha endurecido las sanciones contra los grafitis “en espacios no autorizados”, con multas que pueden alcanzar los 600 euros, además de exigir que el infractor asuma el coste de la limpieza o reparación del “daño causado”, según el borrador de la reforma de la ordenanza de convivencia presentado por el gobierno municipal de Jaume Collboni.
Esta normativa, que se prevé entre en vigor en verano de 2025, forma parte de un paquete más amplio para combatir el “incivismo”, que incluye sanciones por orinar en la vía pública, consumo de alcohol en presencia de menores y actos de naturaleza sexual en espacios públicos.
En 2023, las denuncias por pintadas y grafitis en Barcelona aumentaron un 48%, y el importe medio de las multas se incrementó más de un 66%, alcanzando hasta 500 euros por infracción y 600 euros en fachadas patrimoniales, según recogía La Vanguardia.
La Guardia Urbana de la ciudad condal ha reforzado la vigilancia y ha puesto en marcha campañas específicas para reprimir estas conductas, en coordinación con servicios de limpieza que realizaron más de 110.000 actuaciones en un año.
