La Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU Law) ha prohibido el acceso a instalaciones del campus a 31 estudiantes que participaron en acciones de protesta en defensa de compañeros sancionados por su activismo pro-palestino.
Según informa The Intercept, los estudiantes recibieron un correo el 30 de abril en el que se les exigía firmar un acuerdo de “uso del espacio” para poder ingresar a edificios académicos.
El documento emitido les obliga a “comprometerse a no participar en ninguna actividad de protesta o actividad disruptiva en propiedad de la Facultad de Derecho”. De no firmarlo, no pueden presentarse a los exámenes finales, que, según la política del centro, representan el 100 % de la calificación del curso.
Las sanciones se produjeron tras un encierro el pasado 4 de marzo frente a la oficina de la presidenta de NYU, Linda Mills, en la biblioteca Bobst.
La acción fue organizada por la agrupación Law Students for Justice in Palestine (LSJP) en protesta por la suspensión de 13 estudiantes de grado en diciembre por participar en movilizaciones pro-palestinas.
La administración universitaria, a través del decano adjunto Craig Jolley, comunicó ese mismo día a 28 estudiantes que se les abría expediente disciplinario por “violar el código de conducta”, y les fue restringido el acceso a servicios básicos del campus.
Aunque algunas restricciones se levantaron posteriormente, estudiantes denunciaron a The Intercept retrasos y trabas para acceder a atención médica o a sus residencias.
Varias de las personas sancionadas señalaron que las restricciones interfieren con sus prácticas legales en clínicas jurídicas. “No poder dedicar toda nuestra energía ni hacer reuniones con clientes”, declaró uno de los estudiantes, “como proveedor oficial de servicios legales, no solo impide cumplir nuestras responsabilidades profesionales, sino que pone en riesgo la vida de nuestros clientes”.
La portavoz de NYU Law, Shonna Keogan, defendió en un comunicado que “la actividad de protesta, aunque permitida, está sujeta a restricciones de tiempo, lugar y forma” y que no debe “interferir con las actividades educativas ni las operaciones del centro”.
Más de 400 miembros de la comunidad universitaria han firmado una carta abierta exigiendo levantar las sanciones, esclarecer la política disciplinaria y romper vínculos con empresas armamentísticas, según recoge Washington Square News.
