Según un informe publicado en la revista La Brecha, una publicación mensual del Gabinete Económico Confederal de la CGT, el 32% de la población activa en el Estado español, es decir, más de 8 millones de personas, recibió en 2023 un salario inferior a los 1.000 euros al mes.
Este dato muestra que, a pesar de una relativa mejora en la última década, más de un tercio de la fuerza laboral sigue percibiendo ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Aunque el informe señala que, en 2014, la proporción de trabajadores precarios alcanzaba casi el 48%, las cifras siguen siendo preocupantes.
El análisis subraya que muchos contratos indefinidos a jornada parcial han reemplazado a los temporales, ofreciendo “flexibilidad” a las empresas a costa de salarios de miseria.
El estudio concluye que la precariedad no solo se vincula a la temporalidad, sino también a la inestabilidad de los horarios y la falta de remuneración que posibilite la reproducción de la fuerza de trabajo en muchos sectores.
Aunque el informe destaca que las subidas nominales del SMI y el aumento del empleo han mejorado la situación de los trabajadores más vulnerables, también señala que la inflación y los altos costos de la vivienda continúan empeorando las condiciones de vida.
En este contexto, el salario mínimo no es suficiente, especialmente en áreas donde el coste de la vivienda es elevado. El informe subraya la necesidad de un análisis más profundo sobre cómo los elevados precios de los alquileres afectan la capacidad de los trabajadores para cubrir sus necesidades básicas, incluso cuando sus salarios superan el SMI.
