El nuevo ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt (CSU), anunció este miércoles en Berlín que su país volverá a permitir el rechazo en frontera de solicitantes de asilo en los límites terrestres, una medida que había sido suspendida desde 2015.
Según declaraciones recogidas por EFE, Dobrindt comunicó que dejará sin efecto una instrucción verbal que impedía estos rechazos, con el objetivo de que la Policía Federal “pueda llevar a cabo tales rechazos”. Esta medida se aplicará en el marco del artículo 18 de la Ley de Asilo alemana, en conjunción con los acuerdos bilaterales vigentes y el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que contempla estas medidas.
El ministro señaló que esta política busca “responder al elevado número de llegadas de personas en situación irregular”. “Las cifras en la migración irregular son todavía demasiado elevadas”, afirmó, y añadió que se aumentarán progresivamente los controles y efectivos policiales en las fronteras.
Alemania, que mantiene cerca de 3.800 kilómetros de frontera con nueve países, tiene desplegados actualmente 11.000 agentes, una cifra que podría incrementarse hasta los 14.000, según informó el diario Bild. Desde octubre de 2023 ya se aplican controles con Polonia, Austria y la República Checa, y desde septiembre de 2024 se ampliaron a todas las fronteras terrestres de la República Federal.
Dobrindt afirmó que los rechazos “no afectarán a personas consideradas vulnerables”. “Seguimos proporcionando protección especial y nos aseguraremos de que estos grupos vulnerables sigan sin ser rechazados en nuestras fronteras”, indicó, en referencia exclusiva a niños, mujeres embarazadas y otros colectivos.
Por su parte, el presidente de la Policía Federal, Dieter Romann, explicó que desde septiembre se registraron 34.000 entradas “ilegales”, de las cuales fueron devueltas 23.000 personas, y que en 2023 Alemania solicitó 75.000 devoluciones a otros Estados miembros del sistema Dublín, pero solo se ejecutaron con éxito 5.800.
Según Romann, esto demuestra que “los pilares principales de la legislación europea sobre migración son actualmente disfuncionales, al menos en lo que se refiere a su aplicación”.
