Este miércoles 8 de mayo ha comenzado en la sala 221 de la Ciutat de la Justícia de Barcelona (Catalunya) el juicio contra 21 personas acusadas de participar en la protesta contra el desahucio del conocido bloque Llavors, el 25 de mayo de 2021.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, se imputan delitos de “desobediencia grave”, “atentado contra agentes de la autoridad”, “coacciones”, “daños” y “lesiones”. En total, la acusación solicita penas que suman 35 años de prisión —un año y ocho meses para cada acusada— y 180.720 euros en concepto de multas.
La Generalitat de Catalunya, personada como acusación particular, reclama una indemnización de 20.135 euros “por los daños ocasionados a unidades de los Mossos d’Esquadra”, concretamente de las divisiones ARRO y Brimo, según informa el colectivo de apoyo Llavors Absolució a Directa.cat.
Durante la primera sesión del juicio, la defensa, ejercida por Eva Pous, Carlos Hurtado, Xavier Monge y Àlex Solà, ha solicitado la impugnación de varios vídeos y un informe forense presentado por la Fiscalía, argumentando que no cumplen garantías de trazabilidad y fueron elaborados nueve meses después de los hechos.
La defensa también ha sostenido que las acusadas ejercían su derecho a la manifestación, reunión y la libertad de expresión, y que no impidieron de manera efectiva la ejecución del desahucio.
Por su parte, el jefe del operativo policial que ejecutó el desalojo declaró que hubo una “resistencia activa grave”, aunque reconoció que “no se ordenaron cargas policiales porque la situación era pacífica”.
El edificio fue adquirido en 2016 por el fondo de inversión Vauras Investments, que inició el desalojo de las vecinas. En 2017, seis viviendas fueron ocupadas por familias vulnerables, y el inmueble se convirtió en símbolo del movimiento de vivienda, resistiendo hasta cuatro intentos de desalojo.
La protesta del 25 de mayo de 2021 reunió a unas 300 personas. Según la acusación, varios miembros del movimiento de vivienda trataron de “frustrar la actuación policial” mediante “barricadas, uso de pintura y objetos como escudos improvisados”.
La defensa sostiene que “no hubo violencia organizada” y que el caso representa una macrocausa sin hechos individualizados. La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central d’Investigació d’Extremismes Violents de los Mossos d’Esquadra.
