A más de una semana de un apagón de una magnitud sin precedentes todavía no sabemos exactamente qué ha ocurrido, y sin embargo los grandes actores políticos ya han comenzado a facturar lo habitual: un relato donde la realidad se distorsiona, mutila y ajusta hasta que entre dentro de los moldes del propio interés.
Por un lado tenemos al ejecutivo de Sánchez, que enseña músculo en virtud de su capacidad de haber dado solución al problema en menos de 24 horas. El gobierno español no descarta todavía ninguna opción y plantea exigir responsabilidades a las empresas energéticas privadas que hayan podido tener parte de culpa en el apagón. Sin embargo, lo que serían días se han convertido, por ahora, en 6 meses, plazo que ha adoptado el gobierno para publicar el informe que desvele a los culpables. Sánchez compareció antes de ayer durante más de tres horas para explicar que no tiene explicaciones. Queda también por ver si se depurarán responsabilidades políticas como Beatriz Corredor, presidenta de Redeia puesta a dedo por el propio PSOE bajo criterios puramente nepotistas y clientelares. La responsabilidad de la que sí se ha hecho cargo desde ya es la de justificar, como si de una doctrina del shock se tratase, la política de rearme de la OTAN ante una situación que evidencia “vulnerabilidades estructurales”.
La derecha tampoco ha tardado en mover piezas: Feijoo y Abascal han cargado contra la apuesta por las energías renovables en detrimento de la energía fósil y nuclear. Estas últimas serían la solución ante una política energética demasiado woke. Piden, de paso, la dimisión del gobierno, en un gesto cansino que repiten prácticamente a diario y ya es casi un mantra más que una consigna. La izquierda a la izquierda del PSOE insiste, por su parte, en la necesidad de nacionalizar la Red Eléctrica. En Galicia la respuesta ha sido similar, sumado a que el BNG y el vocero nacionalista Nos Diario han aprovechado para insistirnos en su relato -fácilmente desmontable mediante cualquier análisis medianamente serio de los balances energéticos de Galicia- consistente en denunciar el “expolio colonial” que sufre Galicia por parte de Madrid, frente a lo cual una empresa pública gallega solucionaría todo este ultraje histórico por parte de la metrópoli.
Como vemos, el desconcierto ha traído mucho ruido por parte de la política profesional burguesa y poco rigor. Por suerte, también hay voces especializadas que han logrado, valga la ironía, arrojar algo de luz sobre el asunto. El problema no son las renovables en sí, sino el modo en que han sido implementadas: las empresas renovables, atendiendo a criterios de rentabilidad, no han acometido inversiones en sistemas de estabilización que permitirían adecuarse a estas industrias ante los posibles desajustes de la demanda. A ello se suma que las centrales de gas de ciclo combinado, que deberían haber compensado la caída, no fueron puestas en marcha debido a que el precio de la electricidad en el mercado no era suficientemente jugoso para el ansia de beneficios de los capitalistas. Con estas centrales ahora funcionando a pleno gas para remontar la estabilidad de la red parece que sí habrá a final de mes beneficio para estos capitalistas, en forma de exorbitadas facturas para el grueso de la población. Las nucleares tampoco entraron en el mercado debido a los bajos precios, además, lejos de contribuir a la solución se han mostrado como parte del problema: por seguridad se mantuvieron apagadas, consumiendo energía extra para evitar daños en sus núcleos y sólo pudieron ponerse en marcha varios días después del incidente.
Todo esto nos recuerda que, a falta de esclarecer las causas inmediatas, el apagón tiene un responsable de fondo muy concreto: un sistema basado en la propiedad privada está atravesado por una lógica del beneficio que se antepone frente a las necesidades sociales. Frente a ello, en contra del grueso del consenso socialdemócrata cuyo socialismo se parece más a Bismarck que a otra cosa, la empresa pública capitalista tampoco es la solución. Lo “público” no es más que la propiedad privada encubierta por el estado capitalista y puesta en manos del control de una jerarquía de burócratas al margen de cualquier control de base. De poco vale a estos efectos, claro está, votar cada cuatro años a unos políticos profesionales que fuera de los períodos electorales quedan al margen de cualquier rendimiento de cuentas ante las mismas bases electoras, y dentro de estos se dedican a esparcir mentiras y falsas promesas con la complicidad de los medios de la oligarquía. La propiedad pública capitalista, si bien puede ofrecernos parches o unas condiciones de empleo mejores, al estar también sujeta a la propia capacidad para ser mínimamente rentable y a los beneficios de la economía privada, tampoco impide que esta pueda convertirse en propiedad privada cuando la rentabilidad lo exige o que esta se convierta el cortijo donde los políticos profesionales hacen negocios. Marx se refirió acertadamente al Estado capitalista como una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. La alternativa frente a estas herramientas estériles supone poner bajo el control real de la sociedad a las fuerzas que el propio capital ha desatado. Para ello necesitamos un estado diferente, un estado transitorio que no esté por encima de nosotros y que apunte incluso hacia su propia extinción: la dictadura del proletariado.
