El cruce de competencias entre administraciones marca la gestión de la situación de las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha asegurado este martes a Europa Press que la atención directa a estas personas “corresponde exclusivamente a los gobiernos autonómicos y, en casos de emergencia, también a los ayuntamientos”, apuntando a la Ley de Bases de Régimen Local.
Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy afirman que “el Ministerio no tiene competencias en atención directa” y que “corresponde a las comunidades autónomas determinar qué se considera una necesidad básica y cómo cubrirla”.
Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que “no tiene constancia de la presencia de solicitantes de asilo entre las personas que se encuentran en el aeropuerto”.
“Cualquier otra atención social deben proveerla los gobiernos autonómicos o los ayuntamientos”, han reiterado fuentes del departamento que dirige Elma Saiz.
Según explican, “si los servicios sociales detectan a personas en situación de solicitud de protección internacional, estas deben ser derivadas al sistema estatal de acogida, bajo su competencia”.
Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha calificado la situación de “inasumible” y ha sostenido que “le compete al Gobierno”.
En un acto público celebrado este lunes, Ayuso afirmó que “como tantas cuestiones que pasan en el aeropuerto, no quieren arreglarlo”.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha señalado este martes que cerca de 500 personas viven en Barajas y ha recalcado que se trata de una infraestructura “directamente gestionada por una empresa pública del Estado”, lo que, en su opinión, sitúa la responsabilidad en el Ejecutivo central.
Mientras se produce el cruce de reproches sobre las competencias, cientos de personas sin hogar permanecen desatendidas en el mayor aeropuerto del Estado español.
