Navantia permitirá despedir a nuevos empleados si el CNI les deniega la “habilitación de seguridad”

La medida, ya vigente en los contratos de reciente ingreso, ha sido denunciada por la CGT, que advierte del riesgo que implica para la libertad ideológica y sindical.

Trabajadores de Navantia en Ferrol (A Coruña, Galiza).
Foto: rutapesquera.com

Navantia ha incluido en los contratos de los nuevos ingresos una cláusula que establece como causa de despido la pérdida o denegación de la Habilitación Personal de Seguridad (HPS), un requisito otorgado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado públicamente esta modificación contractual a través del boletín A Folla da CGT (n.º 209), calificándola como “totalmente inaceptable” y alertando sobre el riesgo que representa para los derechos laborales y la libertad de expresión y asociación.

La empresa ya había intentado introducir en años anteriores cláusulas polémicas, como la movilidad geográfica obligatoria internacional, que fue finalmente retirada tras la presión sindical.

La HPS, según regula el Real Decreto 1324/1995, es una acreditación que permite a una persona acceder a información clasificada. Su concesión depende exclusivamente del CNI y no está sujeta a control judicial previo ni posterior, más allá del recurso contencioso-administrativo.

La CGT recuerda el caso de Xaquín García, trabajador de Navantia en Ferrol, a quien se le denegó la HPS en 2014 bajo acusaciones infundadas. Según los documentos aportados por el propio CNI en la Audiencia Nacional, el motivo fue su participación en “organizaciones y grupos que defienden una estrategia revolucionaria: de clase, anticapitalista e internacionalista”. La sentencia dio la razón a Xaquín, evidenciando el uso ideológico de este mecanismo administrativo.

La CGT reclama la retirada inmediata de esta cláusula y ha instado al comité intercentros y a los comités de empresa de todas las factorías a actuar en consecuencia. “Los trabajador@s no podemos permitir estos atentados contra nuestro derecho a organizarnos para luchar por nuestros intereses de clase”, afirma el sindicato en su boletín.

La organización advierte de que este tipo de herramientas “pueden ser utilizadas con fines políticos o represivos en contextos de regresión democrática”, y exige que se garantice la protección de los derechos fundamentales en las relaciones laborales dentro de empresas públicas como Navantia.