La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado este miércoles sus previsiones de crecimiento económico para el Estado español, situando el avance del PIB en el 2,3% en 2025 y el 1,7% en 2026, frente al 2,6% y 2,2% que mantiene Moncloa en su cuadro macroeconómico.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha advertido en rueda de prensa recogida por El Mundo que el Ejecutivo está siendo “demasiado optimista” al confiar en que la demanda interna compensará el deterioro del saldo exterior, especialmente en un contexto marcado por la guerra arancelaria impulsada por la administración Donald Trump y la revisión a la baja del crecimiento mundial por parte del FMI.
La AIReF subraya que la economía del Estado español es vulnerable a la incertidumbre internacional y a la exposición de sectores como la automoción a los nuevos aranceles.
El organismo fiscalizador también señala que el Gobierno no ha buscado el aval de la AIReF para su escenario macroeconómico desde septiembre de 2024, pese a que la situación global “ha cambiado radicalmente” desde entonces.
En su informe de seguimiento del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, la AIReF estima que el gasto primario neto crecerá un 4,5% en 2025, por encima del 3,7% comprometido con Bruselas y del 4,1% previsto por el propio Gobierno, lo que sitúa al Estado español en el límite de lo admitido por el nuevo marco europeo.
Además, advierte que, aunque no serían necesarias medidas fiscales adicionales en 2026 para cumplir los compromisos, sí lo serían a partir de 2027 y 2028, tanto por el lado del gasto como de los ingresos.
En cuanto al déficit, la AIReF prevé que se reduzca al 2,3% del PIB en 2026, pero que vuelva a aumentar hasta el 2,9% en 2029 debido al envejecimiento, los intereses y el gasto militar. La deuda pública bajaría ligeramente del 100% del PIB a finales de la década, pero volvería a repuntar después.
El organismo critica la “indefinición” del marco fiscal estatal y “la ausencia de objetivos de estabilidad presupuestaria”, lo que complica la supervisión fiscal en un entorno de incertidumbre institucional.
