La Oficina Antifraude de Catalunya y la Sindicatura de Cuentas han iniciado una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por entidades privadas encargadas de gestionar pisos subvencionados y prestaciones económicas para jóvenes extutelados bajo tutela pública en Catalunya.
Estas entidades, como la Fundació Resilis y otras fundaciones del sector, actúan bajo contrato de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), el organismo responsable de la protección de menores en situación de vulnerabilidad.
La investigación se basa en la denuncia de un educador social, actualmente testigo protegido, que durante meses grabó conversaciones y recopiló documentación que apunta a un uso indebido de fondos públicos y a la existencia de malas prácticas administrativas.
Entre las irregularidades detectadas figuran el cobro de ayudas por jóvenes (entre 46 y 119 euros al día por beneficiario) que ya no residían en los pisos y la facturación de plazas vacías (“plazas fantasma”), entre otros; todo ello, con la connivencia de las entidades gestoras.
El denunciante asegura que, al advertir internamente sobre estas prácticas, fue presionado por sus superiores para mirar hacia otro lado, e incluso animado a dejar su puesto si no compartía la forma de proceder.
Las grabaciones entregadas a Antifraude recogen frases como “si no estás cómodo, vete o vota a otro partido”. Además, el educador afirma haber recibido amenazas personales tras elevar sus quejas.
La Sindicatura de Cuentas ya había detectado en auditorías previas disfunciones contables, adjudicaciones sin licitación, prórrogas de contratos sin soporte legal y pagos no justificados en la gestión de estos recursos.
El caso ha puesto en cuestión el modelo de externalización y la falta de controles efectivos sobre el destino de fondos públicos destinados a la protección de la infancia y la juventud vulnerable.
El expediente sigue abierto y tanto la Oficina Antifraude como la Sindicatura de Cuentas continúan recabando pruebas y testimonios para determinar el alcance real del fraude y las responsabilidades de las entidades implicadas.
