El apagón que afectó a la red eléctrica del Estado español el pasado 28 de abril ha intensificado las dudas sobre la estabilidad del sistema eléctrico y ha tenido un impacto directo en la valoración de activos fotovoltaicos, según recoge Cinco Días.
Fuentes financieras y del sector señalan que el suceso ha reforzado la percepción de riesgo en torno a las renovables, especialmente en tecnologías sin firmeza como la solar.
Red Eléctrica de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya habían advertido previamente de tensiones en el sistema por la alta penetración renovable, la caída de la demanda y la reducción de generación síncrona.
Tras el incidente, Red Eléctrica y el Gobierno español anunciaron un aumento en la generación con ciclos combinados de gas y nuclear, en detrimento de las renovables.
Los efectos ya son visibles en los mercados. Solaria, uno de los mayores desarrolladores del sector, ha perdido un 65% de su precio bursátil desde enero de 2024, mientras que Acciona Energía acumula una caída cercana al 60% desde mediados de 2022.
Su presidente, José Manuel Entrecanales, llegó a plantear públicamente la posibilidad de excluir la empresa de bolsa ante la falta de respuesta de los inversores del mercado.
A este deterioro se suman múltiples factores: el encarecimiento del crédito por la subida de tipos de interés, vertidos de energía a precio cero (curtailments), incertidumbre regulatoria y retrasos administrativos.
Todo ello ha frenado en seco la entrada de inversores internacionales que habían visto en el Estado español un destino clave para las “energías renovables”.
Diversas operaciones de desinversión o búsqueda de socios han quedado estancadas. Acciona, Repsol, Lightsource BP, Galp e Iberdrola han recurrido a bancos de inversión como BNP Paribas, Greenhill o Evercore para colocar parte de sus carteras, sin avances significativos.
Capital Energy ha reducido su plataforma y Soltec intenta evitar el concurso de acreedores. Ante la retirada de la banca tradicional —agravada por posibles fusiones como la de BBVA y Sabadell—, han entrado financiadores alternativos como Incus, Qualitas Equity, Everwood Capital y la israelí Ben Oldman.
Según Cinco Días, el sector confía en que el “cero nacional” acelere la regulación del almacenamiento como vía para “restaurar la confianza inversora”.
