La fiscalía federal de Bélgica, en coordinación con Eurojust y autoridades judiciales de varios países europeos, ha iniciado una investigación internacional sobre presunta corrupción en la adjudicación de contratos militares gestionados por la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA).
Según fuentes oficiales citadas por elPeriódico y comunicados de la propia OTAN, la operación se centra en la supuesta filtración de información confidencial a empresas militares para favorecer su acceso a grandes contratos de munición y drones, principalmente proyectiles de artillería de alto calibre.
En el marco de la investigación, se han producido detenciones en Bélgica (dos personas), Países Bajos (tres personas) y el Estado español (un ciudadano belga arrestado por orden europea de detención emitida por Luxemburgo), así como registros en Luxemburgo y otros países.
Las pesquisas apuntan a que empleados actuales y antiguos de la NSPA habrían facilitado información privilegiada a empresas de armamento, que a su vez habrían pagado estos servicios a través de empresas ficticias de consultoría, en lo que se investiga como un caso de soborno y blanqueo de capitales.
También se analizan posibles ramificaciones logísticas, como contratos de suministro y servicios portuarios, aunque los contratos de munición y drones son el foco principal, según fuentes judiciales.
La OTAN ha confirmado que la investigación se originó tras una auditoría interna de la NSPA y que la Alianza está colaborando plenamente con las autoridades judiciales.
El Ministerio de Defensa español, por su parte, ha confirmado que “no hay militares ni funcionarios españoles implicados en el caso”, tras la detención del ciudadano belga en el Estado español.
El caso sigue abierto y podría extenderse a otros países como Reino Unido y Rumanía, donde se investigan posibles conexiones, según fuentes consultadas por elPeriódico y comunicados oficiales de la OTAN.
