El Ministerio de Economía del Gobierno español ha finalizado este viernes la consulta pública sobre la opa que BBVA ha lanzado para hacerse con Banco Sabadell, sin que el propio BBVA haya participado directamente en el proceso.
En un comunicado, la entidad presidida por Carlos Torres explicó que no considera que existan “factores de interés general” que se vean comprometidos por esta operación, aunque trasladará sus argumentos a las autoridades por otras vías.
BBVA también defendió los compromisos adquiridos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que incluyen, entre otros, “no cerrar oficinas en zonas con menor presencia bancaria y garantizar el acceso a crédito para pymes y autónomos”.
Desde Moncloa, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó que el objetivo de la consulta “no era hacer un referéndum, sino recoger información útil sobre posibles efectos negativos que no cubre el análisis habitual de competencia”.
En declaraciones a TVE, destacó que “se están valorando aspectos como el acceso a servicios financieros, la red de oficinas, el empleo y la cohesión territorial”. El Ministerio tiene hasta el 27 de mayo para proponer nuevas condiciones, si lo considera necesario, y el Consejo de Ministros tomará una decisión final antes de que acabe junio.
Mientras tanto, distintos actores han expresado su rechazo a la fusión. Los sindicatos UGT y CCOO enviaron un escrito al Ministerio en el que advierten que la operación podría destruir entre 7.684 y 10.567 empleos, especialmente entre mayores de 50 años.
También han mostrado preocupación organizaciones empresariales catalanas y representantes del Partido Popular, que han pedido al Ejecutivo que “defienda los puestos de trabajo y el mantenimiento del servicio en ambas entidades”.
Banco Sabadell, por su parte, no ha hecho públicas sus aportaciones a la consulta, aunque su consejero delegado, César González-Bueno, ya había afirmado que la opa “no tiene sentido ni futuro”.
