El Consejo de Ministros del Gobierno de español tiene la capacidad legal para decretar un embargo de armas al Estado de Israel sin esperar a la aprobación de una nueva ley en el Parlamento.
Según la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, el Ejecutivo “puede suspender, denegar o revocar licencias de exportación de armamento por motivos de política exterior, defensa, seguridad nacional o cumplimiento de compromisos internacionales”.
Esto significa que, mediante un simple acuerdo en Consejo de Ministros, el Gobierno podría decidir la suspensión inmediata de ventas de armas a cualquier país, incluido el Estado de Israel.
Actualmente, en el Congreso de los Diputados se tramita una proposición de ley que busca modificar la normativa para introducir una cláusula que impida el envío de armamento a países implicados en crímenes de guerra, como el Estado de Israel, y establecer controles adicionales sobre las exportaciones. El PSOE ha anunciado su “apoyo” a esta proposición de ley.
Sin embargo, organizaciones como Centre Delàs y Greenpeace han señalado que esta reforma no es requisito previo para que el Ejecutivo aplique un embargo inmediato, puesto que la legislación actual ya le otorga esa potestad ejecutiva.
La proposición busca “blindar” el embargo y facilitar su aplicación automática en determinadas circunstancias, pero la decisión política recae en el Gobierno.
La iniciativa legislativa responde a la creciente presión social, política e internacional para suspender el comercio de armas con Tel Aviv, especialmente en mitad del genocidio en Gaza y las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario.
Organismos como la ONU y Amnistía Internacional han instado a los Estados a detener las transferencias de armamento a la entidad sionista.
No obstante, la imposición efectiva del embargo depende de la voluntad política del Gobierno español, que puede actuar de inmediato sin necesidad de esperar a la tramitación parlamentaria.
