El PSOE ha anunciado este martes su apoyo en el Congreso de los Diputados a una proposición de ley que busca prohibir la venta de armas al Estado de Israel.
La iniciativa ha sido impulsada por la campaña Fin al comercio de armas con Israel, promovida por RESCOP y respaldada por 600 organizaciones y los socios parlamentarios del Gobierno de coalición, enmarcándose en la creciente presión política y social para revisar las relaciones bilaterales con el Gobierno israelí a raíz del genocidio en Gaza.
Según informa El País, la medida plantea “suspender las licencias de exportación de material militar mientras se investigan posibles violaciones del derecho internacional humanitario”. El Gobierno español ha solido declarar reiteradas veces que estos contratos se encontraban suspendidos, pero el Centre Delàs puso en evidencia que Pedro Sánchez mintió.
El texto, que será debatido en comisión, propone modificar la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material militar, para introducir una cláusula específica que impida el envío de armamento a países “involucrados en conflictos donde se sospeche de crímenes de guerra”.
Desde el Ejecutivo no se ha emitido por el momento una postura oficial sobre si se adoptará esta iniciativa como política de Gobierno, pero el respaldo del PSOE garantiza su avance parlamentario.
La decisión se produce en paralelo a la creciente presión de movimientos sociales y organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha urgido a varios Estados a detener las transferencias de armas al Estado de Israel.
La organización Amnistía Internacional ha reiterado que “las transferencias de armas a Israel corren el riesgo claro de ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario”.
En el Estado español, movimientos propalestinos y colectivos de derechos humanos han reclamado en repetidas ocasiones al Gobierno que “cumpla con sus obligaciones legales y detenga el comercio de armas con países implicados en violaciones graves de derechos humanos”, según declaraciones recogidas por El País.
La ley impulsada en la cámara baja deberá aún superar el trámite del Senado, donde el Partido Popular ostenta mayoría absoluta.
