Este martes ha entrado en vigor el nuevo reglamento de extranjería aprobado por el Gobierno español el 19 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial del Estado hace seis meses, según informan fuentes oficiales de Moncloa. El texto busca “adaptar la normativa a la realidad migratoria actual” y regularizar a unas 900.000 personas en los próximos tres años.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, define la reforma como “una ambiciosa reforma que, después de 13 años y bajo una perspectiva de defensa de los derechos humanos, da respuesta a la realidad migratoria actual, adaptando la normativa europea en la materia”.
Entre sus novedades, se reconfigura la figura del arraigo en cinco tipos y se reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia para acceder a él, además de ampliar la reagrupación familiar extendiendo la edad de hijos beneficiarios hasta los 26 años.
Sin embargo, el reglamento ha generado críticas por una disposición que excluye el tiempo de residencia como solicitante de protección internacional para optar al arraigo, lo que significa que quienes vean denegada su petición deberán esperar hasta dos años en situación irregular antes de poder regularizar su estancia.
Moncloa introdujo una medida “transitoria” que reduce ese periodo a seis meses durante un año, pero organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de España, CEAR, Cáritas y otras han recurrido la norma ante el Tribunal Supremo, que aún no ha emitido resolución.
Según recoge EFE, el Defensor del Pueblo también alerta en un informe que la norma “podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores”.
Frente a estos efectos negativos, el Ejecutivo está considerando nuevas medidas para “mitigarlos” y ha modificado su postura respecto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de personas migrantes, impulsando negociaciones en el Congreso de los Diputados para su tramitación.
La ILP, que cuenta con más de 600.000 firmas y lleva más de un año en el Parlamento, ha cobrado relevancia tras la entrada en vigor del reglamento.
