Una delegación de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo ha concluido que el Estado español no ratifica la ley electoral europea de 2018 por motivos “exclusivamente políticos”, según ha afirmado su presidente, Sven Simon (Partido Popular Europeo), en rueda de prensa en Madrid este lunes.
La ley, que introduce un umbral mínimo de entre el 2 % y el 5 % de los votos en cada estado miembro para obtener representación en el Parlamento Europeo, fue adoptada por unanimidad en 2018 pero requiere la ratificación de todos países para entrar en vigor. El Estado español es el único que aún no la ha ratificado.
Simon lamenta que “se ha denegado el diálogo con esta misión” por parte del Gobierno español y que las respuestas obtenidas por parte de los grupos parlamentarios han sido “bastante vagas”.
La delegación, compuesta por nueve eurodiputados de varios grupos —incluidos PP, PSOE y Vox—, mantiene encuentros con expertos jurídicos, profesores de derecho constitucional y representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, según informa EFE. La Comisión Europea, al no tratarse de una directiva, carece de mecanismos para forzar su cumplimiento.
El eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, explica que la negativa de Madrid responde a un acuerdo político: “España no la ratifica porque tiene que encontrar una solución política”, apunta. Según López Aguilar, la aplicación del umbral perjudicaría a “las fuerzas de ámbito territorial”, como el Partido Nacionalista Vasco, que apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2023 a cambio de que no se modificara la legislación vigente.
En las elecciones europeas de 2024, la coalición CEUS, que incluía al PNV, obtuvo un 1,63 % de los votos y mantuvo su escaño, algo que no habría sido posible con la nueva norma en vigor.
