El Partido Popular, con mayoría en el Senado del Estado español y con el respaldo de Vox, ha presentado recientemente varias propuestas legislativas dirigidas contra los presos políticos vascos. Según ha informado Europa Press, una de las iniciativas busca prohibir los actos públicos de recibimiento —conocidos como “ongi etorriak”— a presos excarcelados, mientras que la otra pretende endurecer el chantaje para que los presos puedan progresar en el sistema penitenciario, exigiendo un arrepentimiento explícito. Para implementar estas medidas, el PP plantea modificar varias leyes, entre ellas el Código Penal, la conocida como Ley Mordaza, y el reglamento penitenciario.
En el caso de la prohibición de recibimientos, la propuesta contempla sanciones a las administraciones públicas que no hagan cumplir la medida. El PP justifica esta iniciativa con el argumento de “evitar la victimización mediante la humillación y el ataque a la imagen de las víctimas del terrorismo”, abarcando “todos los eventos, concentraciones, reuniones o manifestaciones” que pudieran interpretarse en ese sentido. Además, la reforma de la Ley Electoral General permitiría exigir a cualquier persona condenada por delitos vinculados al “terrorismo” que demuestre “su perdón o arrepentimiento” si desea integrar listas electorales, una propuesta que ya fracasó en el Congreso de los Diputados en octubre de 2024.
Sin embargo, el PP plantea también llevar más lejos el chantaje del arrepentimiento: ahora quieren que, para progresar en el sistema de grados en prisión, los presos políticos deban mostrar de forma “verificable” su arrepentimiento. Esto implicaría que “renuncien a los actos delictivos cometidos, expresen su arrepentimiento, rechacen la voluntad de reincidencia y colaboren en la investigación de delitos no resueltos y en la prevención de delitos similares”. Además, según la propuesta, se obligariía a la participación activa de los presos políticos en investigaciones policiales.
Las propuestas han sido aprobadas en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero aún deben pasar por el Congreso de los Diputados. En 2024 intentaron aprobar una medidas similares, pero fueron retiradas.
Nuevas investigaciones
El PP también propone nuevas investigaciones sobre acciones armadas no esclarecidas —que cifran en 379—, en colaboración con la Fiscalía y las fuerzas policiales, incluso si los casos están prescritos. Asimismo, plantea atribuir responsabilidades a antiguos militantes considerados “dirigentes de ETA” por hechos en los que no haya autoría determinada.
