El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado como investigados el próximo 26 de mayo a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ex altos cargos del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia de COVID-19.
Ambos están señalados por su responsabilidad en los protocolos que impidieron el traslado hospitalario de miles de residentes enfermos en función de su grado de dependencia.
Según consta en la denuncia, Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria, firmó un documento que excluía del sistema sanitario público a personas en silla de ruedas o con deterioro cognitivo.
Peromingo fue el autor del “protocolo técnico” complementario y asumió posteriormente la dirección del mismo organismo. La reapertura del caso fue solicitada por la Fiscalía Provincial de Madrid el 1 de abril de este año, tras haber sido archivado en 2021, según informa la agencia EFE.
La investigación judicial se reanuda a partir de una denuncia colectiva presentada en octubre de 2023 por 109 familiares de residentes fallecidos, coordinada por las plataformas Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia. La querella apunta a un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
Las asociaciones denuncian que “hasta ahora solo se investigó a médicos y directores de residencias, pero no a quienes dictaron los protocolos”.
También reclaman que se determine el grado de implicación de Enrique Ruiz Escudero, entonces consejero de Sanidad, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Mur y Peromingo cumplían órdenes”, señalaron desde las organizaciones denunciantes.
En declaraciones a la prensa, Ayuso afirmó que la imputación responde a “un cambio de criterio” de la Fiscalía y subrayó que la causa “estaba archivada desde hace tres años”. No hizo más comentarios sobre el contenido de los protocolos ni sobre la implicación de su Gobierno en su elaboración.
Mientras tanto, las asociaciones de familiares insisten en que se esclarezcan las responsabilidades políticas y penales por lo que califican como decisiones que “tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes”.
La Fiscalía ha distribuido la denuncia entre varias jurisdicciones de la Comunidad de Madrid, que suman más de un centenar de casos individuales.
Marea de Residencias informa de que 7.291 personas fallecieron sin haber sido derivadas al hospital debido a la aplicación de estos protocolos.
