La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han impulsado una iniciativa respaldada por otros siete gobiernos europeos para solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) mayor flexibilidad en la repatriación de inmigrantes y el endurecimiento de las normas de asilo.
En una carta abierta, los nueve países acusan a la Corte de Estrasburgo de “ampliar en exceso el ámbito de aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos” y de “limitar la capacidad de los Estados para tomar decisiones políticas en nuestras democracias”, según recoge ABC.
Los firmantes critican especialmente las sentencias que impiden expulsiones por motivos de derecho a la vida familiar o riesgo de trato inhumano en los países de origen. La iniciativa, promovida por la ultraderechista Meloni y la socialdemócrata Frederiksen, cuenta con el apoyo de países de distintos perfiles políticos, incluidos Polonia y la República Checa.
Los líderes sostienen que “la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley y de las víctimas es un derecho fundamental que debe primar sobre otras consideraciones”.
Giorgia Meloni afirmó: “Somos líderes de sociedades que protegen los derechos humanos; sin embargo, con demasiada frecuencia, el Convenio Europeo de Derechos Humanos se interpreta de forma que impide a los Estados expulsar a delincuentes extranjeros o proteger sus fronteras. No podemos aceptarlo”.
Mette Frederiksen añadió que “se ha vuelto demasiado difícil expulsar de nuestras sociedades a los extranjeros que cometen delitos. Debemos adoptar decisiones políticas y democráticas para proteger a nuestros ciudadanos”.
El Consejo de Europa, organismo independiente de la Unión Europea y responsable del TEDH, ha respondido a la carta reafirmando “su papel en la defensa de los derechos fundamentales”, aunque lo hace desde su función estrictamente consultiva, no ejecutiva y normativa no vinculante o escasamente vinculante.
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha declarado que “frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo, nuestro papel no es debilitar la Convención, sino al contrario, mantenerla sólida y actual”.
El debate sobre la interpretación de la Convención y los límites a las expulsiones sigue abierto, en un contexto de creciente presión política sobre la gestión migratoria en Europa que ejercen amplios sectores del arco parlamentario institucional.
