Casi una veintena de universidades públicas del Estado español continúan colaborando con entidades académicas y empresas israelíes, a pesar del compromiso público de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) de suspender estos acuerdos tras el inicio del genocidio a gran escala en Gaza en octubre de 2023.
Según un informe presentado por la Red Universitaria por Palestina y recogido por Cadena SER, al menos 44 proyectos han sido firmados o renovados después de que la CRUE instara en mayo de 2024 a paralizar cualquier colaboración con instituciones vinculadas al Estado de Israel o a su ejército.
El informe subraya que estos acuerdos se han mantenido pese al dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que establecía obligaciones internacionales en esta materia.
De acuerdo con la Red Universitaria por Palestina, solo una decena de universidades ha revisado o paralizado sus acuerdos y ha puesto en marcha comités de seguimiento.
Sin embargo, la mayoría de los centros no han cerrado compromisos de revisión o suspensión y han seguido firmando o renovando colaboraciones, muchas de ellas financiadas con fondos europeos. Entre las universidades implicadas figuran al menos las siguientes: la Politécnica de Valencia, Sevilla, Alcalá, Pública de Navarra, Autónoma de Madrid, Valencia, Coruña, Barcelona, Murcia, Santiago, La Rioja y Rovira i Virgili.
Los socios israelíes incluyen la Universidad Hebrea de Jerusalén, Bar-Ilan, Tel Aviv, Technion, Weizmann Institute y Ben-Gurion.
La Red sostiene que estas instituciones mantienen vínculos estructurales con el ejército israelí, aunque universidades como Alcalá y la Politécnica de Valencia niegan que sus socios tengan relación directa con actividades militares y aseguran que “romperían los acuerdos si se demostrara lo contrario”.
Sin embargo, algunos observadores señalan que las relaciones entre el Estado de Israel y sus universidades son orgánicas, por lo que resulta redundante exigir que se demuestren colaboraciones directas en matanzas concretas.
El informe también señala el caso del proyecto TICHE, financiado por el Fondo Europeo de Defensa, en el que participa la Universidad de Oviedo junto a la empresa estatal Israel Aerospace Industries.
La universidad asturiana afirma que su comité de ética “no ha detectado incompatibilidades con sus estatutos”, que, en teoría, prohíben la participación en investigaciones con fines bélicos, y que “no autorizará la transferencia de resultados a la empresa israelí”.
Este proyecto está recurrido judicialmente. La CRUE, consultada por Cadena SER, no ha respondido sobre la implicación de las universidades a las que pidió responsabilidad hace un año.
