El secretario de organización de UGT-RTVE en Madrid, César Moreno, primer imputado por la filtración del examen de oposición a periodista en RTVE, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez en la fase de instrucción oral.
Moreno está investigado por un presunto delito de revelación de secretos, tras enviar la noche anterior a la prueba el documento con las preguntas a una candidata, lo que llevó a la suspensión in extremis del examen al que estaban convocados más de 5.000 aspirantes. La candidata alertó de la filtración y advirtió a Moreno de que era ilegal, según consta en las conversaciones de WhatsApp que forman parte de la causa.
La investigación judicial, a cargo del juzgado número 48 de Madrid, busca determinar la cadena de responsables desde el tribunal que elaboró el examen hasta la filtración.
En el centro de la trama figura Julián Pérez Olmos, miembro del tribunal y de UGT, señalado como autor del documento filtrado según los metadatos del archivo.
El juez ha ordenado el análisis de los dispositivos informáticos de las instalaciones de Prado del Rey para esclarecer el recorrido del documento y posibles implicaciones de otros dirigentes sindicales. Pérez Olmos tampoco ha declarado aún, tras solicitar el aplazamiento por motivos de “agenda judicial”.
Moreno, detenido en octubre y puesto en libertad tras negarse a declarar, mantiene su silencio a la espera de conocer el contenido del informe pericial sobre el material informático intervenido.
Desde las acusaciones populares —entre ellas CCOO, USO y CGT— se apunta a que las responsabilidades podrían alcanzar a otros miembros de UGT, mientras la defensa de Moreno sostiene que el documento “le llegó de rebote” y que “no actuó en nombre del sindicato”.
El caso sigue bajo secreto de sumario y la instrucción avanza para esclarecer el alcance real de la filtración y la posible implicación de más personas en el escándalo.
