El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, ha decidido extender al menos un mes más el secreto de sumario sobre la investigación del apagón que dejó sin luz a millones de personas en toda la península Ibérica el pasado 28 de abril.
La medida llega tras la recepción de los informes solicitados a Red Eléctrica y al Centro Criptológico Nacional, que debían aclarar las causas del incidente y determinar si pudo tratarse de un sabotaje informático en infraestructuras críticas del Estado español, una hipótesis que podría encajar en delitos de “terrorismo” según el artículo 573 del Código Penal.
Las pesquisas, abiertas de oficio por el juez Calama un día después del apagón, se centran en determinar si el corte fue consecuencia de un ciberataque destinado a desestabilizar servicios esenciales. El magistrado también ha requerido un informe preliminar a la Comisaría de Información de la Policía Nacional española.
Hasta la fecha, tanto Red Eléctrica como la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, han descartado que el apagón se debiera a un incidente de ciberseguridad en el operador del sistema, aunque no haya indicios claros para ello; de hecho, la investigación judicial mantiene abiertas todas las hipótesis.
El apagón, que afectó tanto la parte peninsular del Estado español como a Portugal durante varias horas, provocó la apertura de diligencias por parte de la Audiencia Nacional española ante la posibilidad de que la protección deficiente de infraestructuras críticas suponga una grave vulneración del Derecho de la Unión Europea.
Por el momento, el sumario seguirá siendo secreto mientras se analizan los informes técnicos y se descartan o confirman posibles responsabilidades penales o institucionales.
